Amnistía Internacional saluda la
liberación de Alfonso Martín del Campo Dodd, víctima de detención arbitraria y
tortura, tras haber permanecido casi 23 años en la cárcel. La primera sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su libertad inmediata y
reconoció que las pruebas presentadas en el expediente demuestran que Alfonso
fue torturado para obligarlo a auto-incriminarse por el homicidio de su hermana
y su cuñado en 1992.
Esta decisión revierte especial
importancia en el contexto actual por el que atraviesa México, en el que ha
sido documentada una situación generalizada de tortura y malos tratos. La
organización reconoció que el fallo de la SCJN refrenda su compromiso con la
protección de los derechos humanos, específicamente la prohibición absoluta de
la tortura.
Alfonso Martín del Campo fue detenido
arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 en el Distrito Federal y sometido a
golpes, asfixia y amenazas por agentes de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF). Años más tarde, un agente de la policía confesó
haberlo torturado junto con otros policías. A pesar de ello, las autoridades
ignoraron ésta y otras pruebas, incluyendo peritajes médicos, que indicaban que
fue torturado. El caso de Alfonso es emblemático porque evidencia las múltiples
falencias dentro del sistema de justicia penal en México que permiten que las
detenciones arbitrarias y las pruebas obtenidas bajo tortura generen aún más
injusticias.
“En el derecho internacional de
los derechos humanos, la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos,
crueles y degradantes conlleva la obligación de no admitir confesiones
obtenidas bajo tortura. Esta es una medida efectiva para hacer cesar las
consecuencias de una violación a las garantías judiciales” señaló Perseo
Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional ha
documentado muchos casos en los cuales los testimonios obtenidos bajo tortura
continúan siendo aceptados por jueces. Asimismo, las alegaciones de tortura no
se investigan adecuadamente. Los peritajes forenses oficiales suelen ser deficientes
y aquellos realizados por peritos independientes suelen ser menospreciados. En
el caso de Alfonso Martin del Campo, su revisión por un perito independiente
fue una prueba clave para constatar la tortura que sufrió. Sin embargo, estas
pruebas fueron ignoradas durante más de dos décadas por las y los operadores de
justicia tanto a nivel local como federal.
“Las víctimas de tortura en
nuestro país merecen que los peritajes de expertos independientes sean tomados
en cuenta por las y los jueces para comprobar la tortura” señaló Perseo Quiroz.
El caso de Alfonso Martín del
Campo fue documentado por varios órganos internacionales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención
Arbitraria de las Naciones Unidas, los cuales confirmaron el uso de tortura. La
sentencia del más alto tribunal del país es prueba de la urgencia de abordar el
tema de la tortura como un flagelo generalizado dentro del sistema de justicia,
como lo ha señalado recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas sobre
la tortura.
Amnistía Internacional le
recuerda a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal su
obligación de investigar a fondo el homicidio de la hermana y el cuñado de
Alfonso Martín del Campo y dar con los responsables. Además, el Estado tiene la
obligación de otorgar una reparación integral del daño a Alfonso Martín del
Campo debido a las violaciones a los derechos humanos que sufrió.
Para más información consulta: http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/03/19/tras-23-anos-en-prision-victima-de-tortura-obtiene-justicia/
