El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, presentó su informe elaborado tras la visita a México que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en el que afirma que la tortura en México es generalizada.
En el informe el Relator resaltó que México atraviesa por una compleja situación de seguridad pública, señaló que a partir del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico” se ha registrado un aumento de las quejas por tortura y malos tratos.
Ante las denuncias verosímiles recibidas de diversos actores de la sociedad civil, el Relator concluyó que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”. Refirió a “la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.”
El Relator denunció que existe una tendencia a calificar estos actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad como abuso de autoridad, lesiones o ejercicio indebido de servicio público.
En este sentido, resulta preocupante que tras la presentación del informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresara su rechazo a la aseveración del Relator sobre el carácter generalizado de la práctica de la tortura en el país y no ofrezca una explicación verosímil del incremento de las quejas que se han presentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del elevado número de averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República.
Con el fin de contribuir a la erradicación de la tortura, el Relator recomendó al Estado mexicano:
- crear una Ley General que tipifique en toda la República el delito de conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
- reformar el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por un militar contra otro militar también sean de competencia de las autoridades civiles.
- recomendó la investigación imparcial, independiente y exhaustiva de los actos de tortura, incluyendo los sucesos pendientes de la Guerra Sucia para asegurar que los responsables sean sancionados penal y administrativamente.
