ESPAÑA.
En 2013 las autorizaciones de ventas de armas superaron los 4.300 millones de euros,
duplicando las del año anterior. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y
Oxfam
Intermón
han expresado su preocupación por la autorización de diversas operaciones,
debido a la naturaleza del material exportado y/o al riesgo de que pueda ser
usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos. Las
organizaciones piden al gobierno y a los partidos políticos que modifiquen la legislación
sobre exportaciones de armas y la adapten a la “Regla de Oro” del Tratado sobre
el Comercio de Armas, ratificado por España en 2013, que implica la no
autorización de transferencias cuando puedan ser utilizadas para cometer
atrocidades.
