El gobierno español debe
entender que manifestarse pacíficamente en lugares públicos no es una concesión
sino un derecho que hay proteger y facilitar. El gobierno y el Parlamento
tienen que revisar la legislación, las políticas y las prácticas relativas a
las manifestaciones, y garantizarlas, en vez de reprimirlas, conforme a las obligaciones
internacionales contraídas en materia de derechos humanos.
Las autoridades deben
reconocer que existe un problema persistente de abusos policiales y mostrar voluntad
de investigar de manera transparente dichas denuncias. En la mayoría de los casos,
los jueces no abren investigaciones a menos que las víctimas presenten una
denuncia por malos tratos. Y no se producen investigaciones imparciales, independientes
ni efectivas.
Acudir a una manifestación
pacífica es un medio fundamental de participación en los asuntos públicos. Un
gobierno que no lo respeta pierde la confianza de la ciudadanía. Los
manifestantes deben tener la oportunidad de transmitir pacíficamente su mensaje
en lugares donde puedan ser vistos y oídos. Y la policía debe ser una fuente de
protección, no de peligro como ocurre ahora mismo.
