En su Informe Anual 2009,
publicado el pasado 28 de mayo, Amnistía Internacional ha constatado cómo los
casos de tortura y malos tratos durante el año 2008 y los primeros meses de
2009 se produjeron de forma generalizada en todas la regiones del mundo. 107
países, de los 157 que analiza la organización han practicado tortura y malos
tratos a manos de las fuerzas de seguridad, la policía y otras autoridades del
Estado.
Esto significa que, pese a la
prohibición universal de la tortura, en más del 50 por ciento de los países del
mundo se han aplicado estas prácticas. Una cifra que se sitúa en el 79 por
ciento cuando nos referimos a los países que integran el G-20.
“Con demasiada frecuencia, las víctimas siguen
indefensas porque sufren un sistema de justicia que no exige rendición de
cuentas a los responsables, y no cuentan con acceso inmediato a representación
letrada. En muchas ocasiones, los fiscales no emprenden investigaciones, las
víctimas tienen miedo a ser objeto de represalia si denuncian, y las penas que
se imponen a los agentes declarados culpables son muy leves. El resultado es
que en muchos lugares se ha perpetuado una cultura de impunidad”, señaló
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En países de África como Camerún,
Chad, la República Centroafricana, Sudán o Sierra Leona hubo una amplia
variedad de violaciones de derechos humanos como la brutalidad policial, el uso
de fuerza excesiva y numerosos casos de detención arbitraria y prolongada sin
cargos. Muchas personas fueron torturadas o sufrieron otras formas de malos
tratos y también se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales.
En Zimbabue, 23 activistas
políticos y de derechos humanos sufrieron desaparición forzada y luego fueron
recluidos por la policía entre octubre y diciembre de 2008. Fueron torturados
bajo custodia y algunos por ello siguen recibiendo tratamiento médico. Todos
menos tres obtuvieron la libertad bajo fianza en febrero y marzo de 2009.
En América, algunos Gobiernos
cerraron los ojos ante las denuncias de torturas y homicidios ilegítimos e
intentaron justificar los abusos diciendo que eran necesarios en el actual
clima de inseguridad pública. Apenas hubo comisiones independientes de
investigación y sigue preocupando el trato dado a los más de 200 detenidos que
continúan en la base estadounidense de Guantánamo.
En México, los homicidios
ilegítimos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones
arbitrarias por parte de la policía fueron generalizados. Se adoptaron medidas
para crear una policía federal única con mayores atribuciones en materia de
investigación, pero no se pusieron en marcha iniciativas importantes para
reforzar la rendición de cuentas de la policía. Las investigaciones sobre casos
emblemáticos recientes como las torturas y otros malos tratos a decenas de
manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas –incluida violación– de al
menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de
casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos registrados
durante la crisis política de Oaxaca en 2006 y 2007 apenas arrojaron resultados
positivos.
En Asia y Oceanía la organización
también ha documentado diferentes casos de tortura, tanto a manos del Estado
como de grupos armados.
En China, tras los disturbios de marzo de
2008, las zonas habitadas por población tibetana continuaron totalmente cerradas
al escrutinio exterior. Salvo los primeros días, las protestas fueron
fundamentalmente pacíficas. Sin embargo, se recibieron informes de tortura y
otros malos tratos a personas detenidas, que en algunos casos les acarrearon la
muerte.
El Comité contra la Tortura
criticó la práctica policial de efectuar automáticamente un registro corporal
de todas las personas detenidas. Según cifras oficiales, entre julio y
septiembre la policía realizó más de 1.600 registros corporales en los que se
obligó a los detenidos a desnudarse. El Comité instó a que se limitasen los
registros corporales a aquellos casos en que estuviesen claramente
justificados.
En Europa y Asia Central, Estados
como Italia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido se conformaron con recibir «garantías
diplomáticas» de terceros países, por muy imposibles de cumplir que fueran, y
utilizarlas como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países
donde corrían peligro real de tortura y otros malos tratos.
En Francia, Amnistía
Internacional denunció en abril de 2009 que continuaron los malos tratos a
manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La mayoría de las
denuncias afectaban a ciudadanos franceses de minorías étnicas o a ciudadanos
extranjeros. Ni los órganos encargados de hacer cumplir la ley, ni las
autoridades judiciales investigaron esas denuncias de acuerdo con las normas
internacionales. La discrepancia entre el número de denuncias presentadas y el
número de sanciones disciplinarias impuestas plantearon dudas sobre la
minuciosidad e imparcialidad de las investigaciones. Lo que contribuyó a consolidar
el clima de impunidad.
En Oriente Medio y Norte de
África uno de los principales objetivos de las prácticas de tortura fue obtener
confesiones. Se celebraron juicios de opositores al Gobierno ante tribunales
que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. El poder
desmesurado de los servicios de seguridad e inteligencia, se hizo sentir en
toda la región. Esta policía secreta tenía permiso para detener a sospechosos,
interrogarlos y, en muchos casos, someterlos a tortura y otros malos tratos con
impunidad.
En Israel y Territorios Ocupados,
aumentaron los informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por el Servicio
General de Seguridad, especialmente durante interrogatorios de palestinos
sospechosos de planear o efectuar ataques armados. En los informes se
mencionaban métodos como atar a los detenidos en dolorosas posturas en tensión
durante largos periodos, impedirles dormir y amenazarlos con causar daño a sus
familias. Eran comunes las palizas y otros malos tratos en el momento de la
detención y posteriormente, así como durante los traslados del detenido de un
lugar a otro. Los jueces de los tribunales militares israelíes raras veces
ordenan investigaciones sobre estas
denuncias y no hay noticia de ningún procesamiento de agentes del Servicio
General del Seguridad por torturas a palestinos.
Más información en: https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-100-paises-en-el-mundo-siguen-recurriendo-a-practicas-de-tortura-y-malos-tratos/
